ESPAÑA VA BIEN… PARA LOS EXPLOTADORES Y SUS LUGARTENIENTES

MIGUEL ANGEL MONTES

5 diciembre 2016

buitres

Vamos a entrar en el 9º año de la crisis económica del capitalismo. La única “alternativa” viable a la crisis dentro del capitalismo sigue siendo el ajuste permanente y la sobreexplotación de los trabajadores, tal y como viene demostrándose desde mayo del 2011 en España con la modificación de la constitución, y la aplicación del tratado de equilibrio presupuestario aprobado en marzo del 2012 en la UE con las correspondientes leyes de austeridad que afectan a todos los ámbitos de la administración del Estado, anteponiendo la deuda y el déficit públicos al gasto social.

Una demostración del carácter de clase del Estado capitalista, al servicio de las clases explotadoras, que el régimen de producción capitalista sólo puede sobrevivir con las crisis, guerras y la sobreexplotación de los obreros y obreras, y que sólo la lucha por las conquistas sociales ligadas a la lucha por el socialismo (única alternativa de progreso viable para la humanidad) enterrará definitivamente la crisis y el capitalismo.

La UE, la dictadura del capital sobre la clase obrera y los pueblos

El objeto de estas políticas actuales no es otro que pagar con dinero público la deuda que el capital ha generado, obligando por ley a las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales a reducir el gasto público social por habitante que ya venía cayendo de forma estrepitosa desde el tratado de Maastrich (1993), y hacer cumplir el déficit público que ordena la troika (FMI, BCE y Consejo de la UE), poderes antidemocráticos que derogan las conquistas sociales y derechos de los trabajadores contemplados en las constituciones nacionales, e impulsan el desarrollo desigual obedeciendo la lógica del capitalismo que arrastra a países y regiones enteras de la UE a la máxima pobreza, y permite la deslocalización de empleos condenando a los trabajadores a competir vendiendo más barata su fuerza de trabajo para sobrevivir.

España, paraíso de buitres financieros

En sintonía con ello bajo el régimen político español en los últimos 5 años se ha producido el rescate público financiero a la banca en concepto de deuda e intereses, cargando el Estado con la deuda privada de los bancos, suprimiendo por ello el superávit  presupuestario público que existía antes de la crisis (de 23.368 millones de superavit -2007-a 55.755 millones de deficit -2015-) y triplicando la deuda pública (del 36,2% del PIB al 100%). En estos 5 años también se ha impuesto la contención salarial, las rebajas fiscales al capital, las dos últimas contrarreformas laborales de los gobiernos neoliberales PSOE-PP que abaratan y facilitan aún más el despido, la contrarreforma del sistema de pensiones del gobierno del PSOE elevando la edad de jubilación a los 67 años, el saqueo del fondo de pensiones del gobierno del PP, la congelación de los salarios de los pensionistas, el aumento continuo de las tarifas energéticas (luz, agua y gas) (1), la ley mordaza para criminalizar y reprimir con dureza la movilización y las huelgas, vulnerando el derecho de protesta, con el encarcelamiento de centenares de sindicalistas y obreros, mientras los ladrones de guante blanco campean a sus anchas o por los platós de televisión.

Todo  con el objeto de seguir la lógica del sistema, dar mayor margen a la tasa de ganancias y la acumulación de capital a costa del empobrecimiento relativo y absoluto de los trabajadores, es decir, a costa de más explotación y mayor pobreza social, que se expresa en los siguientes datos:

  • paro crónico que alcanza el 18,91% en noviembre (4.320.800) según el INE, el doble de la eurozona (9,8%), paro juvenil que supera el 50% del paro estadístico de la EPA (la bajada del paro estadístico de los dos últimos años se debe a la reducción de la población activa -menos de medio millón desde el inicio de la crisis-, por el aumento de la emigración de España y de la precariedad e irregularidad laboral),
  • vuelta a la década de los 60 y 70 con el impulso de la emigración de los trabajadores hacia los mercados de la Europa Central como mano de obra barata, desde la crisis los emigrantes han aumentado en 833.339, el 56% más, son ya 2,3 millones los españoles en el extranjero (1),
  • retorno masivo de los inmigrantes, según el INE desde el inicio de la crisis más de un millón de inmigrantes han vuelto a sus países de origen,
  • aumento de la tasa de temporalidad y la precariedad laboral, la tasa de temporalidad alcanza el 24%, sólo superada por Polonia en la UE28, y la duración media de los contratos es de 4 meses, sólo inferior dentro de la UE28 en Lituania (2),
  • disminución del volumen de cotizaciones a la seguridad social, 1.584.000 cotizantes menos desde el inicio de la crisis hace 8 años (3),
  • aumento del empleo irregular durante la crisis, según el INE con datos del tercer trimestre del 2016 (EPA) hay 18.527.500 ocupados mientras que en noviembre hay 17.780.524 cotizantes a la seguridad social (4), casi 750.000 trabajadores sin estar dados de alta en la seguridad social, aspecto que también se observa en la diferencia que hay entre la disminución de la población activa y los cotizantes a la seguridad social,
  • la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados se cifra en 30.852 millones en el periodo 2007-2013, a los que hay que sumarles otro descenso de 24.900 millones de las rentas de los trabajadores autónomos, los cuales el 89%, no emplean trabajo ajeno siendo la mayoría falsos autónomos explotados por el capital, mientras que las rentas del capital han ganado 62.934 millones más (5),
  • cada vez más trabajadores se quedan sin prestación por desempleo, el 45,9% de los parados no la tienen (6), pérdida del poder adquisitivo de los salarios, éstos han perdido un 9,2% durante la crisis (7),
  • aumento de la tasa de explotación de los trabajadores, desde el inicio de la crisis los beneficios del capital se han elevado sobre la Renta Nacional y los salarios han perdido peso, aumentando la tasa de plusvalía en más de 10 puntos (8),
  • aumento del número de salarios y pensiones por debajo del SMI que no permiten vivir con dignidad, son 5,9 millones los asalariados afectados, el 34,4% (9), y el 48,6% de los pensionistas (4,5 millones) los que viven con ingresos inferiores al SMI (10), por debajo del umbral de la pobreza,
  • aumento brutal de los desahucios de viviendas que pasan a los bancos que nos roban, desde el inicio de la crisis según Amnistía Internacional 578.000 familias obreras pierden su vivienda (11),
  • disminución  del gasto social público que nos coloca a la cola de la UE28 con recortes intolerables, mientras aumentan los gastos represivos del Estado por encima de la media de la UE28 (12), si en la UE se gasta el 19,9% del PIB, en España sólo el 17,7%, menos dinero que la media de la UE28 a pensiones, sanidad y enseñanza (13),
  • aumento de la pobreza, en España viven 13.334.573 personas en riesgo de pobreza, un 28,6%, o sea 4,2 puntos por encima de la media de la UE28 (14), en segundo lugar por detrás de Rumanía,
  • aumento de la pobreza energética que nos coloca a la cabeza de la UE28 mientras las grandes compañías energéticas aumentan los beneficios, la electricidad acumula una subida consecutiva de 7 meses del 27,8% en nuestras facturas (15), etc.

Las leyes de austeridad sirven para llenar los bolsillos del capital expropiando las rentas salariales

En definitiva, aumento de los beneficios brutos del capital y retroceso de los salarios directos y diferidos. Así el capital nos explota dos veces, por las ganancias que sacan de nuestro trabajo, y por las deudas e intereses que pagamos de nuestros salarios bajo la forma de impuestos que dejan de destinarse al Estado de Bienestar (que incluyen prestaciones sociales, sanidad, enseñanza, pensiones…) para salvar al sistema capitalista de su derrumbe. Estamos ante el fin del mito de la “clase media” que durante las últimas décadas los media del capital y parte de la izquierda han promocionado para adormecer nuestra conciencia de clase.

En consonancia, las conquistas sociales fruto de la lucha de clases, contempladas en la vigente constitución del 78 quedan en papel mojado. El derecho al trabajo, a las pensiones, a la enseñanza pública de calidad, a las prestaciones sociales (por desempleo, dependencia, etc.), a la vivienda, etc., son puestas a disposición de las tijeras de los distintos gobiernos locales, autonómicos y centrales, los cuales se pliegan a las directrices neoliberales de la UE al servicio de las oligarquías financieras.

Los PGE del 2017, nuevo tijeretazo

Para el año que viene se espera otro recorte superior a los 5.000 millones de euros del límite del gasto público, pactado por la “gran coalición” del bipartidismo PP-PSOE, para cumplir las leyes de austeridad impuestas por la UE, lo que va a suponer una reducción de la inversión pública que se trasladará a los PGE del 2017. La bajada del impuesto de sucesiones y patrimonio, y la amnistía fiscal del 2012 ha supuso que la hacienda pública dejase de recaudar más de 5.000 millones anuales, la misma cantidad que ahora quieren recortar. Ya suman 78.000 millones de euros recortados en gasto público social desde el 2010, en tiempos de crisis. España se ha colocado así a 6 puntos del PIB en gasto público por debajo de la UE y 13 menos que Francia. El bipartito también ha pactado recaudar 7.500 millones de euros más a costa de restaurar el impuesto de sociedades que bajaron antes de las elecciones y aumentar los impuestos indirectos, impuestos injustos ya que afectan fundamentalmente a las rentas salariales (16), en vez de gravar las rentas del capital (sicav), las grandes fortunas y perseguir el fraude fiscal que ronda los 60.000 millones anuales.

También han decretado aumentar el IBI en 2000 municipios, el catastral de Montoro. Y por si fuera poco un nuevo rescate millonario, esta vez para las autopistas que se han construido con nula lógica de infraestructura cual, creadas durante la burbuja inmobiliaria, construidas y gestionadas por el sector privado (Abertis, ACS, Sacyr, Acciona) mediante concesión pública, las cuales en caso de insolvencia las pérdidas van a cargo del Estado, librando a las empresas privadas concesionarias del importe de las inversiones realizadas por expropiaciones de terrenos y obras de construcción, esta responsabilidad de la administración va a constituir un chollo para los constructores y una carga para nuestros bolsillos, nada menos que 5000 millones de € sin comerlo ni beberlo. Todo siempre, claro está, dentro de la lógica de privatizar beneficios y socializar pérdidas que este capitalismo monopolista de Estado en su fase imperialista ha logrado imponer.

España, soberanía limitada por el imperialismo

A nivel internacional, España no es un país independiente ni anti-imperialista, sigue alineada a la OTAN, con el mantenimiento de las bases militares yanquis en nuestro territorio y el apoyo abierto a las guerras imperialistas (primero Irak). Guerras que han provocado una ola migratoria sin precedentes hacia la UE, la cual ha sido respondida por los gobiernos neoliberales con leyes de confinamiento y expulsión. Implicación del gobierno español en la guerra contra el pueblo libio en el 2011 que ha dejado sobre ruinas al que era primer país en desarrollo humano del continente. Apoyo a regímenes neofascistas, feudales y de apartheid, como los regímenes de Kiev, Arabia Saudí e Israel.  Complicidad en la financiación internacional de los escuadrones de la muerte en Siria, víctima de una agresión extranjera desde hace 5 años de más de un centenar de miles de mercenarios neofascista procedentes de 83 países, armados por el imperialismo. Conversión de la base de Morón en base permanente de Africom, la OTAN africana, incumpliendo otra vez el referéndum de 1986. Conspiración contra los regímenes democráticos, progresistas y anti-imperialistas de Latinoamérica apoyando abiertamente a la ultraderecha progolpista (Venezuela, Bolivia…). Complicidad en la revisión de la historia europea llevada a cabo por los partidos neoliberales de la UE criminalizando a los luchadores antifascistas y el comunismo, etc.

Nacionalismos españolista y catalanista para ocultar las políticas de clase

Paralelamente en los últimos 5 años el régimen monárquico neoliberal, heredero del franquismo, ha encontrado un nuevo chivo expiatorio para esconder sus políticas de clase, el manoseado problema catalán, el cual se utiliza para cosechar votos fuera de Catalunya y dividir a la clase obrera. La derogación del Estatut a cargo del Tribunal Constitucional en manos del PP (Estatut aprobado en referéndum por el pueblo catalán), ha impulsado el sentimiento y la movilización independentista a límites impensables años atrás. No obstante, los nacionalistas de ambos lados del Ebro (españolistas versus catalanistas) pretenden esconder los sendos gobiernos neoliberales existentes en la Moncloa y la Generalitat, su apoyo a las leyes austericidas, que aplican los mismos recortes, y esconden que el conflicto real no es un problema territorial, sino de clases. La culpa no es de Madrid, ni de Bruselas, sino de las políticas fiscales, sociales y laborares que benefician únicamente a los buitres financieros que roban a las haciendas públicas. El expolio va por clases. La única solución política sobre la cuestión nacional pasa por reconocer el derecho de autodeterminación con un referéndum donde el pueblo catalán nos expresemos, y la izquierda no independentista defendamos sin complejos el carácter plurinacional de España y la unidad bajo un estado federal y republicano.

Crisis política del régimen español y declive de la movilización y el conflicto social

Desde el 15M hemos visto cómo la crisis económica se ha convertido en una crisis política del régimen, donde se ha desvelado de forma clarividente la complicidad de las élites financieras y empresariales con los partidos neoliberales y la corrupción que abarca a todos los ámbitos del Estado (central, autonómico y local) y sus instituciones, corrupción que es consustancial a la existencia del capitalismo, ya que el corruptor es el capital, algo que las corporaciones mediáticas siempre están muy interesadas en ocultar.

Tras las elecciones europeas de mayo de 2014 los votos del bipartidismo PP-PSOE sumaron menos del 50%, sonaron las alarmas y se forzó a acelerar la maniobra de sucesión de la monarquía. Las movilizaciones masivas en aquel año por la IIIª República, y el triunfo de las candidaturas de confluencias, mareas y unidad popular de la izquierda (Madrid, Barcelona, Coruña, Valencia, Zamora, etc.) abrían la esperanza al cambio político de régimen. Esperanzas que se vieron frustradas tras el declive de las movilizaciones y las dos últimas elecciones generales, donde aunque el bipartidismo sale tocado, no se hunde, el régimen político se mantiene y el frente proausteridad formado por los partidos dispuestos a aplicar los nuevos recortes exigidos por la UE (PP-PSOE-Cs-PNV-PDC-CC…) siguen dominando en las dos cámaras. De momento se impone la “revolución” pasiva dirigida por las clases dominantes, con el objeto de evitar la fractura del régimen político y una salida no capitalista a la crisis económica.

Esta situación política viene dada porque no se ha culminado el proceso de unidad popular de las fuerzas políticas de la izquierda antineoliberal y rupturista, tampoco se ha concretado un proceso constituyente hacia la República que aglutine a todas las fuerzas sociales y políticas rupturistas de la izquierda en torno a un programa claro y sin ambigüedades. No todos cuestionan abiertamente a la OTAN, brazo armado del imperialismo y sus guerras, y algunos puntos del programa quedan sin concretar de forma clara (defensa del aborto libre, la enseñanza pública, derogación de las leyes de austeridad, etc.), algunos plantean nefastamente otra “transición” que ya es aceptada por todos los partidos del régimen, y lo que es peor, nos acompaña el declive del conflicto y la movilización a pesar del impacto de la crisis sobre los trabajadores, elemento fundamental de la lucha de clases que ha propiciado que el régimen se mantenga intacto, mientras los trabajadores, el movimiento obrero y la izquierda rupturista nos encontramos a la defensiva. Algo insólito en la historia de nuestro país.

El 15 M, las dos últimas huelgas generales, el auge de movimientos sociales como la PAH, las movilizaciones de los mineros, las mareas en defensa de la sanidad y enseñanza públicas,  las masivas movilizaciones en Madrid y Barcelona por la república ante la abdicación y las marchas de la Dignidad que congregaron a centenares de miles en Madrid constituyeron el punto creciente de las movilizaciones que fueron detenidas sorpresivamente tras las elecciones europeas del 2014. Desde entonces la III República no se haya en la agenda política y las calles están vacías ante la crisis y sus consecuencias que sólo padecemos las clases populares con la clase obrera a la cabeza.

En la lucha de clases y de ideas no existen atajos. Queda claro que sin la ofensiva del proletariado en la lucha de clases ni hubo ni habrá cambio social, ni de régimen, que la clave de la acción política no se encuentra en los platós, sino en el tajo y las calles, junto con las masas. Es necesario volver a plantearse la organización política de la clase obrera en las fábricas y lugares de trabajo, abandonada por el eurocomunismo que priorizó la organización territorial centrándose únicamente en la pugna electoral.

Unidad Popular y Programa político de izquierdas precario

La confluencia electoral de Unidos Podemos (Podemos, IU, Compromís, confluencia catalana, marea gallega…) para el 26J, confluencia tardía y sin un programa claro, superó la fragmentación electoral a nivel estatal, y evitó lo que hubiera sido un descalabro electoral, pero la desconexión con la lucha social frustró las fuertes expectativas que se depositaron para superar al PSOE, pieza clave del bipartidismo, y del régimen político.

El programa y el mensaje político “socialdemócrata”, tibio, sin oponerse a la OTAN, la UE, sin desmarcarse del gobierno griego entregado a la troika y las leyes de austeridad, ha desmovilizado el voto, beneficiándose el PP, que logra mantener el gobierno gracias a la “gran coalición” PP-PSOE-Cs auspiciada por Felipe González, donde sus peones han dado un golpe de estado interno para evitar unas terceras elecciones, demostrando lo bien que sirven a los intereses de la oligarquía financiera española en momentos claves.

Pugna en la izquierda, República o 2ª transición (o traición)

El debate ideológico de la “izquierda transformadora” se sitúa entre quienes plantean en la agenda política la IIIª República y quienes piden una reforma constitucional, o segunda transición ya anticipada por Carrillo, abalada hoy ya por todos ¡¡¡incluyendo el PP!!!, renunciando otra vez a la ruptura democrática, colocando el proceso de la constitución de 1978 ¡¡¡como ejemplo!!! (17). Constitución del 78 que supuso la desmovilización y desorganización de la creciente lucha de la clase obrera de nuestro país, que impidió la creación de una central sindical de clase unitaria e independiente, que supuso la renuncia a seguir reivindicando la república y dió carta legal a los crímenes del régimen franquista y nos introdujo en las instituciones de la guerra fría (OTAN, UE). Constitución del 78 que impide llevar una política socializadora que pretenda cambiar las relaciones de producción y cambio, que impide llevar a cabo una política de expropiaciones, que promovió el libre mercado para llevar las políticas neoliberales que entregaron el patrimonio público industrial y fragmentó a la clase obrera implantando la precariedad laboral como norma desde la década de los 80. Constitución del 78, que impide el principio democrático de la igualdad de voto, una persona un voto, que impide el derecho de autodeterminación que toda la izquierda reivindicaba sin titubeos frente a la dictadura, que impide la cooficialidad de todas las lenguas a nivel de Estado, que mantiene los privilegios de la iglesia, que impide la aplicación de una fiscalidad progresiva para aumentar los ingresos públicos, que impide la democratización del ejército y todos los cuerpos policiales, con el derecho a sindicalización y huelga… ¿Ese es el ejemplo icono, antirepublicano y anticomunista, de “la izquierda que se atreve a serlo”? (17).

 

fraga-carrillo

No podemos volver a repetir los errores de la primera transición, con la complicidad en aquel momento histórico de la socialdemocracia y el eurocomunismo asumiendo el proyecto permitido por el imperialismo en nuestro país, con los pactos de austeridad (Moncloa) ante la crisis, la impunidad del régimen franquista y las instituciones de la guerra fría (18).

El desvarío ideológico en la izquierda “transformadora” es de tal calado que tras las elecciones algunos sectores de Podemos e IU llegaron a plantear pactar hasta con Cs para constituir un gobierno “progresista” (sic), es decir, juntarse con los partidos proRégimen, proAusteridad, proUE, proOTAN, etc, desvinculándose de la ruptura democrática, hacia una nueva transacción…, perdón, transición. Ahí se encuentran sectores actores y herederos del eurocomunismo que campean dentro de IU, el PCE, Podemos y el movimiento sindical (Monereo, Errejón, Llamazares, Paloma Lopez,Toxo…) (19).

Hay que entender de forma crítica y basándose en la experiencia propia de que romper el bipartidismo es insuficiente si no se rompe democráticamente con el régimen que emana de la constitución de 1978, que no podemos empezar a construir un futuro para nuestros hijas e hijos y una sociedad socialista sin superar el régimen del 78, que hoy no se puede desalojar al PP del gobierno para entrar en gobiernos sin programas de antiausteridad, simplemente porque no debemos acabar haciendo lo mismo que la socialdemocracia reconvertida al neoliberalismo y el socialimperialismo, compitiendo por ver quién recorta, quien privatiza o quien bombardea más.

Impulsar la lucha contra las consecuencias de la crisis, por la república y el socialismo

Ahora en lo inmediato va a tocar unir a todos los movimientos sociales, mareas, partidos y al movimiento obrero, para impulsar las luchas contra la ola de recortes que se avecina con la aprobación de los PGE 2017, y los nuevos cantos de sirena que vuelven a cuestionar el carácter público del sistema de pensiones. Pero ello no puede hacerse sin un programa político claro que ligue  la labor institucional-parlamentaria a la lucha de clases, que eleve la conciencia de clase de los trabajadores, que luche por cambiar la legislación con reformas a favor de los trabajadores en todos los frentes (empleo, vivienda, sanidad, enseñanza, pensiones), que luche por la derogación de las leyes de austeridad que favorecen al capital a costa de nuestros impuestos (a niveles europeo, estatal, autonómico y local), que abogue por el cambio de régimen hacia la IIIª República, que plantee otra Europa sin la UE, y que deje de renunciar a la lucha por el socialismo como única alternativa viable a la crisis del capitalismo y sus guerras imperialistas. Socialismo o barbarie.

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1) http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/17/56ea7da022601d7f648b463f.html

2) http://politikon.es/2016/01/15/posibles-causas-de-la-elevada-temporalidad-en-el-mercado-laboral-espanol/

3) http://economia.elpais.com/economia/2016/12/02/actualidad/1480664437_513849.html?id_externo_rsoc=TW_CC

4) http://multiforo.eu/Infografias/2016Resumiendo/2016DatosEconomicos/2016DatosEconomicos.htm#AfiliacionSSNov

5) http://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/asalariados-pierden-millones-rentas-capital_0_387762341.html. Sobre el 89% de trabajadores autónomos que no emplean trabajo ajeno, hay que decir que la mayoría son antiguos asalariados despedidos por sus empresas, falsos autónomos que han surgido a raíz de la política de flexibilización del mercado de trabajo en actividades segregadas de las grandes empresas (servicios, transporte, construcción, teletrabajo y hostelería), siendo obligados a seguir realizando las mismas tareas pero como autónomos, encubriéndose así relaciones laborales y de explotación reales entre la empresa que contrata y el trabajador autónomo.

6) http://multiforo.eu/Infografias/2016Resumiendo/2016DatosEconomicos/2016DatosEconomicos.htm#PrestacioneslOctubre

7) http://economia.elpais.com/economia/2016/11/18/actualidad/1479466426_164468.html

8) https://marxismoleninismo.wordpress.com/2015/06/13/crisis-general-crisis-economica-y-crisis-de-regimen-la-izquierda-en-la-encrucijada-i/

9) http://www.izquierda-unida.es/node/16320

10) http://multiforo.eu/Infografias/2016Resumiendo/2016DatosEconomicos/2016DatosEconomicos.htm#PensionesEscalaEco

11) http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Banco_de_Espana-Desahucios-Bancos-viviendas-desahucios-vivienda-cgpj-banco_de_espana_0_936806326.html

12) http://www.eldiario.es/sociedad/gasto_publico-peso_relativo-politicas-gobierno-ue_0_254424873.html

13) http://cincodias.com/cincodias/2016/03/28/economia/1459179471_683074.html

14) http://www.mpdl.org/noticias/espana/derechos-humanos/13334573-personas-viven-riesgo-pobreza-yo-exclusion-social-espana

15) https://diario-octubre.com/este-invierno-podrian-darse-mas-muertes/

16) http://www.izquierda-unida.es/node/16320

17) Documento “La izquierda que se atreve a serlo” firmado por militantes de la anterior IU de Madrid los cuales defienden una izquierda “sin complejos”, “orgullosa”, que : “…valora el proceso político de la transición y la significación histórica de la Constitución de 1978” (el subrayado es mío). Tras 38 años ninguna autocrítica del “proceso”, muy “marxista”. Documento que cuando habla de que “el trabajo recupere la centralidad del conflicto”, no plantea recuperar la organización política de los trabajadores en los lugares de trabajo, ni reforzar el carácter sociopolítico del movimiento sindical de clase, eso sí, hay que dejar que los sindicatos sean los que “lideren la movilización democrática y la concertación social dentro y fuera de la empresa”. Tradeunionismo a la española. Se olvidan de que el papel de los sindicatos consiste en organizar y elevar la conciencia reivindicativa de los trabajadores, dirigir el conflicto laboral, etc., pero que su tarea reformista le impide dirigir el cambio político que necesita nuestro país, de ahí la necesidad de reforzar su carácter sociopolítico, para que el movimiento sindical no sea un movimiento meramente reivindicativo, ya que como situara Lenin y recogiera Marcelino Camacho en sus reflexiones, la lucha reivindicativa por sí sola no conduce a la emancipación de la clase obrera, a su liberación de la explotación capitalista, por lo que el sindicalismo si no quiere convertirse en una pieza más del sistema capitalista no puede ser neutral en la lucha de clases y su máxima expresión, la lucha política.

18) El PCE, vanguardia política de la clase obrera en la lucha antifranquista, hasta el XIX congreso del 2009, 31 años después, no comenzaría oficialmente a reivindicar el proceso constituyente hacia la IIIª República.

19) Manolo Monereo pide un gobierno de PSOE, C´s y Podemos en un manifiesto (Necesitamos otro gobierno. Decisiones apremiantes). http://larepublica.es/2016/01/23/manolo-monereo-pide-un-gobierno-de-psoe-cs-y-podemos-en-un-manifiesto/. Es curioso, se critica a la CUP y ERC por pactar con la derecha en Catalunya, mientras se plantea lo mismo en España. A esta “reivindicación progre” se sumaron sectores de IU y Toxo, además de dirigentes de Podemos, tras las dos últimas elecciones generales.

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4 pensamientos en “ESPAÑA VA BIEN… PARA LOS EXPLOTADORES Y SUS LUGARTENIENTES

  1. Hacia la Tercera República

    http://kaosenlared.net/hacia-la-tercera-republica/
    Por Víctor Arrogante

    Aquel 6 de diciembre de 1978, participé en el referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución. Fui uno de los 15.706.078 votantes de los 26.632.180 electores que participaron. Acudí a las urnas con la esperanza de poder participar en la construcción de una nueva sociedad. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia y bienestar. Las cosas no han sido como hubiéramos deseado que fueran, aunque siempre estamos a tiempo de subvertir la realidad. También un 6 de diciembre murió mi madre hace ya veintiún años y como si fuera hoy. Fechas históricas que me siguen: un 20 de noviembre (1957) murió mi padre.

    La Constitución, que tiene 38 años, se hizo por los partidos que configuraron las Cortes tras las elecciones del 15-J de 1977 (UCD, PSOE, PCE, AP, CiU, PNV…). Hubo componendas políticas por las presiones ejercidas desde dentro del Régimen, por el capital financiero y EEUU, para salir de forma moderada de la dictadura y aceptar la monarquía. También pudo ser por el sometimiento de los partidos de izquierdas con representación parlamentaria, que renunciaron a la Ruptura Democrática. Es un modelo superado, lastrado por la corrupción y por las formas de actuación del PP y sus políticas antisociales que rayan lo antidemocrático.

    Más de la mitad de las personas que hoy pueden votar en España no pudo hacerlo en 1978. Cuando Felipe de Borbón ascendió a la jefatura del Estado, tenía que haberse abierto un proceso constituyente que validase el modelo o cambiarlo por el republicano. Desde el aparato del régimen, hablan de una segunda transición, pero no saben cómo hacerlo ni cuándo. Pretenden hacer retoques cosméticos para blindar aun más a la monarquía y preservar privilegios y prebendas. No debemos consentirlo. No es reformar la Constitución, como algunos pretenden, para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema y la forma política del Estado. Hay que convertir el actual estado de las autonomías, por uno federal; modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático.

    La Constitución ha sido sometida a dos reformas. En 1992 el artículo 13.2, para introducir la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, por imperativo legal del Tratado de Maastricht. La del 2011, sin acuerdo mayoritario, ni político, ni social, para reformar el artículo 135, que introdujo el concepto de «estabilidad presupuestaria» y la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses. Si se reformó por intereses económicos y presión exterior, ahora hay que reformarla por intereses sociales y calidad democrática.

    El sistema electoral actual, impide que una parte de las formaciones políticas y ciudadanas accedan a las instituciones representativas. Hay que establecer un sistema general electoral que permita listas abiertas y eliminar la barrera electoral del 3%. La Ley d’Hont, que prima a los partidos más votados, como se previó, debe cambiarse para garantizar la proporcionalidad, la equidad del voto y la igualdad de oportunidades para todas las formaciones políticas y ciudadanas.

    Un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.

    La República es el mejor sistema político. Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia participativa.

    Conscientes del momento histórico que vivimos y sabiendo que el futuro seguirá siendo de lucha, diferentes organizaciones republicanas suscriben un manifiesto, por el que proponen Ocho puntos para avanzar hacia la Tercera República. Piden a las organizaciones de izquierda que lo asuman y difundan y sea guía de su práctica política, para lograr la unidad de acción. Yo me sumo.

    En resumen estos son los puntos para avanzar hacia la Tercera República:

    1. Programa de choque contra la crisis. Aprobación de un programa que impulse el desarrollo económico y social, apoyando y protegiendo a las personas y familias más afectadas por la crisis. Cambiar el modelo productivo, promocionando los servicios y el empleo públicos, garantizando un mayor control social de la economía mediante la intervención del Estado. Aumentar los recursos públicos, mediante una política fiscal progresiva que grave más a quien más tiene y reduzca la carga fiscal de las clases populares. Combatir con decisión el fraude fiscal y derogar las últimas reformas laborales.
    2. Restablecimiento de la soberanía popular y recuperar la democracia, sin ataduras ni atajos. Anulación inmediata de las leyes de excepción como la ley de partidos, la ley mordaza y la reforma del Código Penal.
    3. Derecho de autodeterminación de los pueblos; solo los pueblos libres que lo decidan libremente, pueden construir juntos un futuro común. El problema de las nacionalidades existe, e ignorarlo, como ha hecho el poder todos estos años, únicamente ha servido para enfrentar a los pueblos entre ellos.
    4. Independencia Nacional, frente a los grandes poderes que dictan la política internacional. Hay que abandonar la OTAN, erigida en brazo armado de un imperialismo cada vez más agresivo. Las bases militares extranjeras continúan siendo utilizadas como plataformas estratégicas para las agresiones a otros pueblos con el consentimiento del gobierno de turno.
    5. Apertura de un Proceso Constituyente. La Constitución de 1.978 es un texto limitado y superado por la historia. Es hora de abrir un periodo constituyente que devuelva la voz al pueblo para determinar la forma de Estado y garantizar la democracia, el derecho a la autodeterminación y el control democrático de las instituciones. Por una Constitución que sirva de base para un futuro de progreso.
    6. Recuperación de la memoria histórica, que reivindique como inalienable el patrimonio colectivo de lucha y el sacrificio de todos los asesinados, perseguidos y damnificados por la dictadura franquista y abra una investigación que ponga fin a la impunidad del franquismo, derogar la ley de amnistía, declarar nulas las sentencias de los consejos de guerra ilegales y tribunales franquistas relacionadas con delitos políticos y cumplir de inmediato los acuerdos y resoluciones internacionales.
    7. Rechazo a la UE de los mercados. La Europa del capital, que desprecia a los refugiados que piden asilo huyendo de la guerra y la miseria, nos impone el dogal de una deuda que impide el desarrollo independiente de la economía de nuestro país y nos ata a las imposiciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo.
    8. Por la República. Por una República, con carácter laico, democrático, popular y federal, resultado de un Proceso Constituyente y como único marco posible para el desarrollo de la democracia y de las libertades públicas, individuales y colectivas.

  2. El país que tenía demasiada policía
    España cuenta con el segundo mayor número de agentes por habitante de la UE a pesar de su baja tasa de criminalidad.
    Pablo Rivas
    https://www.diagonalperiodico.net/libertades/32469-pais-tenia-demasiada-policia.html

    Mucha policía. No es sólo una frase repetida en canciones de artistas como Joaquín Sabina o Eskorbuto, o una realidad que se comprueba cada día en los centros de las grandes ciudades del Estado. Lo dicen los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y lo reconocen informes de centrales sindicales del ámbito de las fuerzas de seguridad, como la propuesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y del Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Un modelo de seguridad para el siglo XXI, en la que se pueden leer frases como “los datos hablan por sí solos; España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa, y salvo excepciones de difícil comparación, de todo el mundo”.

    En realidad, según Eurostat, España no es el primer país en número de policías por población de la Unión Europea. El podio lo ostenta Chipre, con 611 agentes por cada 100.000 habitantes, pero la plata es indiscutiblemente española.

    Tenemos 534, muy por encima de la media (ningún otro está por encima de 500), según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2012. Son 249.900 efectivos entre los diferentes cuerpos estatales, autonómicos y locales, una cifra similar a la de Alemania, país que cuenta con una población que supera a la española en 35 millones.

    Sobredimensión

    ¿Están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobredimensionados? “Los datos dan la respuesta en sí mismos, en el sentido de que no se aprecia ninguna necesidad de que en el caso español exista esa tasa tan desproporcionada en el contexto europeo –analiza el profesor de Criminología de la Universidade da Coruña José Ángel Brandariz–, sobre todo si se tiene en cuenta que, si la comparamos con alguna medición objetiva, España tiene una de las tasas de delitos más bajas de la Unión Europea”.

    Volvemos a Eurostat. Efectivamente, el país se encuentra en la parte media-baja de la tabla de delitos por población: 4.846 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los países con mayor tasa de criminalidad, como es el caso de Suecia (14.791), Bélgica (9.678), Finlandia (7.876) o Dinamarca (7.867), según las últimas cifras, relativas a 2012.

    “No hay una correspondencia con la tasa de delitos y con la evolución en el tiempo de esas tasas –apunta por su parte el experto en seguridad del Observatorio Metropolitano de Madrid Sergio García– porque precisamente lo que muestran las estadísticas es que la delincuencia se ha ido reduciendo en los últimos años y, sin embargo, la policía ha seguido creciendo, igual que el encarcelamiento, a un ritmo mucho mayor que el que nos indican esas cifras”.

    Entre los años 2007 y 2012, la tasa de criminalidad se redujo en 41.000 delitos anuales,según la Oficina de Estadística de la UE.
    Sin embargo, en ese mismo período, el número total de efectivos de los cuerpos de seguridad que trabajan en España aumentó en 35.000 personas.

    Barra libre vs austeridad

    No todo ha sido barra libre para estos cuerpos y la crisis ha paralizado su espectacular aumento. El Ministerio de Hacienda y Función Pública recoge en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas los datos actualizados del personal de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra y Policía Canaria), no así el de los diferentes cuerpos locales.

    En el caso de las fuerzas dependientes de la administración estatal –Guardia Civil y Policía Nacional–, el importante aumento de efectivos registrado entre los últimos años –de 115.575 en 2006 se llegó a 148.187 en 2012– se ha reducido ligeramente con la austeridad, rebajando el número de efectivos en 7.000 agentes desde 2012 a 2016. Hoy, España cuenta con 141.285 policías nacionales y guardias civiles, y 25.876 agentes de los cuerpos de seguridad autonómicos.

    Más difícil es encontrar datos de Policía Local oficiales, aunque la Confederación de Seguridad Local (CSL), que agrupa a diferentes sindicatos de fuerzas municipales, ha realizado un estudio en el que se estima que actualmente hay en España unos 69.000 agentes locales, tal como indica a Diagonal su secretario de Relaciones Institucionales, José María Antón. Éste remarca que “en los últimos años se ha paralizado la plantilla” y, aunque algunos ayuntamientos han ofertado plazas públicas, “en la mayoría de las plantillas a nivel estatal se han congelado las ofertas de empleo”.

    La suma de los datos relativos a 2016 del Ministerio y la CSL implicaría que la austeridad redujo el total de efectivos policiales totales en 13.000, lo que no alteraría la posición de España en el podio de los países con más efectivos policiales. Como apunta García, “cuando se ha reducido el número no se ha disminuido esa sobredimensión de la policía”.

    Visión securitaria

    Las causas de esta sobredimensión son, para García, la construcción de un discurso de la inseguridad erigido en los últimos 40 años, pero especialmente desde el año 2000, y la visión de problemas sociales como cuestiones securitarias. “Se ha construido un discurso sobre la inseguridad que hace que se haya colocado como una prioridad ciudadana el asunto de la seguridad y, al mismo tiempo, poco a poco se han ido construyendo multitud de problemas sociales”.

    Para ejemplificar este hecho el experto describe los temas que se están abordando estos meses en las mesas de convivencia y seguridad que se están llevando a cabo en diferentes distritos de Madrid: “Las temáticas que se discuten en estos foros son tan variopintas como el tráfico de armas, el yihadismo, el botellón en el parque o la suciedad de una plaza. Cada vez más temas se enfocan desde una perspectiva securitaria que conlleva un enfoque y una respuesta muy concreta, generalmente defensiva y policial, o relacionada con funciones policiales”.

    La normalización de esta ideología ha llevado, para este experto, a un excedente de plantilla que ha ido buscando y tomando nuevas esferas de intervención. “Vemos agentes mediadores, policías que van a los colegios a dar charlas sobre violencia de género, seguridad vial o los peligros de internet… Poco a poco van ocupando nuevas funciones”.

    José Ángel Brandariz añade varias causas más a la explicación de tan elevado número de efectivos. Por un lado, destaca una construcción del Estado mal planificada que ha hecho que, mientras proliferaban cuerpos autonómicos y locales, “el Estado central no ha desarrollado su propio proceso de contracción como sí lo ha hecho en otros ámbitos como la sanidad o la educación”.

    Además, el profesor habla del ‘síndrome del nuevo rico’. “En un país en el que parecía que había recursos para todo, también los había para la contratación pública, muy significativamente en materia policial”. Sólo cuando España salía, crisis mediante, de “ese sueño de nuevo rico” –en palabras de Brandariz– comenzaba una tímida reducción de efectivos motivada por la falta de presupuesto.

    Por último, el docente remarca “la pobreza de planes gubernativos a la hora de pensar la seguridad”, destacando que los órganos de gobernanza de los diferentes cuerpos “nunca han tenido un plan determinado sobre qué modelo de policía se pretende y cuáles son los recursos que se necesitan para ello”.

    Autonomía policial

    Esta situación ha conllevado, según Brandariz, a una notable autonomía de los cuerpos policiales que ha motivado que éstos tengan una gran capacidad de determinación de las políticas públicas de seguridad, desarrollando una lógica corporativa, algo que “se plasma tanto en la cuestión de la impunidad perpetua de los delitos cometidos por las personas de las fuerzas policiales como por el hecho de que la política del propio cuerpo ha sido evidentemente presionar para el incremento de efectivos”, un discurso sobre la necesidad permanente de más agentes que es repetido por cualquier portavocía policial, especialmente sindicatos.

    Uno de los más activos es el SUP, que afilia a personal del Cuerpo Nacional de Policía. Esta central afirmó en junio que necesitaba 10.000 efectivos más para cumplir sus funciones adecuadamente, algo que Ramón Cosío, portavoz del sindicato, mantiene hoy.

    A pesar de esta afirmación, Cosío indica en declaraciones a Diagonal que el modelo actual está obsoleto: “Es necesaria una racionalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y autonómicos, y creemos que después de 30 años es necesario revisar la Ley Orgánica 2/1986, que es la que regula los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Tal y como afirma, “hay competencias que son exclusivas de cada cuerpo, otras que compartimos todos, hay conflictos por mala colaboración a nivel institucional entre diferentes policías… Es necesaria la racionalización de recursos humanos, nos ahorraríamos recursos económicos y materiales”.

    El portavoz añade que existen otros problemas y duplicidades relacionados con el ámbito de actuación, funciones y material, como el hecho de que tanto la Guardia Civil –históricamente ligada al medio rural y teóricamente encargada de la seguridad de los núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes– como la Policía Nacional tengan presencia en grandes ciudades; la colaboración internacional, “en la que la Guardia Civil está metiéndose poco a poco” –remarca– o la existencia de grupos sobre delincuencia organizada en ambos cuerpos en una misma ciudad.

    Así, para Cosío, todo esto “genera disfunciones y rivalidades que son absurdas porque, teniendo todos un trabajo claro y concreto de lo que tenemos que hacer, no da lugar a que pasen estas cosas”.

    Sin embargo, a pesar de este discurso, para el portavoz del SUP esa racionalización “no implicaría reducción de efectivos, implicaría ahorrar, estaríamos los necesarios en cada sitio y no habría duplicidad”.

    Otros modelos

    Frente a la obsesión por la securitización del espacio, desde ámbitos locales y académicos se vienen lanzando propuestas para cambiar el modelo –o ausencia de modelo– policial. “Las iniciativas vienen, en general, por la reorganización de las estructuras, fundamentalmente en el sentido de democratizar las políticas de seguridad y colocar a la policía como un actor más”, expone Brandariz.

    El profesor destaca el caso de Madrid, donde se busca reorganizar la policía local,eliminando las unidades antidisturbios, reforzando los distritos e implantando un modelo de policía comunitaria, todo ello con el fin de que el abordaje de la resolución de conflictos no sea una cuestión meramente policial, sino que se consiga corresponsabilizar a cada comunidad y a la ciudadanía de la solución de problemas.

    A pesar de que PP, Ciudadanos y PSOE tumbaron el proyecto piloto de policía comunitaria, la reorganización sigue en marcha, tal como remarcan fuentes del Ayuntamiento, e iniciativas similares han comenzado en algunas de las llamadas ‘ciudades del cambio’, como Barcelona o Zaragoza.

    Problemas no policiales

    La mejora del modelo vendría, para García, dejando atrás la práctica de resolver problemas sociales que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza mediante el enfoque securitario. “Tiene que ver con la forma en que la sociedad adopta un enfoque policial en su forma de ver el mundo, sus barrios y su entornos. Que haya una persona sin hogar en tu portal puede ser motivo de preocupación por las desigualdades y las injusticias, algo que te anime a ayudarla o a saber qué le pasa, en vez de ver un problema para tu seguridad y la de tus hijos”.

    Así, para este experto, la solución está, a corto plazo, “en una refuncionalización de la policía y en destinarla a labores distintas, o que por lo menos no sobrecarguen a los más desposeídos de atención policial, para que esa atención no venga del policía, sino de recursos públicos o comunitarios”.

    Es un modelo que permitiría –remarca– “poner más esfuerzo, por ejemplo, en la corrupción, el medio ambiente o en delitos que tienen que ver con la explotación laboral o con otros que generan desigualdades y malestares sociales”.

    La reorganización continuaría, a medio plazo, “con la progresiva gestión comunitaria de los conflictos, lo que implicaría la redistribución de recursos y políticas de inversión pública en ciertos barrios y de una verdadera redistribución de riqueza”.
    Es una solución que comparte Brandariz, quien enmarca la posible reducción de efectivos en la llamada ‘nueva gestión pública’, lo que implica planificación, establecimiento de objetivos, auditoría, rendición de cuentas, exigencia de responsabilidades, democratización de las políticas e intervención de otros autores, algo “prácticamente inexistente en el caso español”, tal como afirma. “Como mínimo, de momento ése sería el lugar en el que habría que situarse, lo que probablemente nos llevaría a un modelo de gobierno de la convivencia menos policializado y hacia un protagonismo muy inferior de la policía en la gestión de asuntos colectivos. Esto nos colocaría mínimamente en la modernidad”.

  3. España destinó el 8,5% del PIB al rescate bancario entre el 2008 y el 2014
    http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/espana-destino-pib-rescate-bancario-entre-2008-2014-5719050

    Fue el tercer país de la UE que más recursos destinó, con un total de 96.000 millones de euros

    EL PERIÓDICO / BARCELONA
    VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

    Las sumas totales de ayudas públicas destinadas durante la crisis a la recapitalización y rescate de bancos y cajas en España fue superior a la media de la UE, al suponer un porcentaje del 8,5% sobre el PIB entre el 2008 y el 2014, frente al 5% en la UE, lo que equivale a unos 96.000 millones de euros. Así figura en el ‘Informe Anual de Ayudas Públicas’ del 2016, publicado este viernes y elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que refleja que en España no se otorgaron ayudas al sector financiero en el 2014, y en el conjunto de la UE elIMPORTE total dedicado ese año a la banca fue reducido.

    Desde el punto de vista del objetivo de solvencia, calidad del balance y acceso a la financiación de las entidades bancarias, el informe destaca que los indicadores muestran una mejora generalizada del sistema financiero español. No obstante, señala que en la intermediación financiera con la economía real es donde los efectos de las ayudas resultan “menos evidentes”.

    ESCASA RECUPERACIÓN

    El porcentaje que representan sobre el PIB del 2008 las sumas totales destinadas durante la crisis a la recapitalización y rescate de entidades ha sido superior en España que en la media de la UE (8,5% en España frente a un 5% en la UE). Hasta el momento se han recuperado el 4,4% de las ayudas de capital implementadas por el FROB y el FGDEC, aunque es previsible que se supere el 8% a corto o medio plazo, apunta la CNMC, que matiza que hay que tener en cuenta que los datos aún no son definitivos.

    La CNMC añade que “las desinversiones estatales pendientes deben realizarse en todo caso ponderando la búsqueda de los mayores ingresos junto con la mínima afectación a la competencia efectiva en el sector”.

    ESPAÑA, EL PAÍS EUROPEO CON MENOS AYUDAS REGULARES

    Respecto de las ayudas regulares, aquellas no destinadas al sector financiero, el informe refleja que España cerró el año 2014 como el último país de la UE-28 en porcentaje del PIB (0,31% del PIB español, frente al 0,72% del PIB comunitario). El informe explica que, si bien una mayor participación de las ayudas horizontales sobre el total (tendencia de los países del entorno de España) es normalmente “menos distorsionador” de los mercados, esta reducción se ha llevado a cabo en España fundamentalmente a través de la disminución de las ayudas horizontales, mientras las ayudas sectoriales, aunque se han reducido, no han variado su peso en la misma medida.

    Destaca a este respecto la reducción en las ayudas a las renovables con la modificación de su marco normativo en el 2013. Para la CNMC sería positiva una mayor “fundamentación y coherencia” en las estadísticas ofrecidas de ayudas al transporte para su valoración comparada.

    NOVEDADES REGULATORIAS

    Por lo que se refiere a las novedades regulatorias y decisorias de las instituciones europeas en 2015, la CNMC destaca que ha habido hitos relevantes a nivel normativo, como los reglamentos UE de habilitación y procedimiento en materia de ayudas de Estado, que amplían las categorías de ayudas exentas de notificación, así como habilitan a la CE para utilizar nuevos instrumentos de investigación de posibles ayudas ilegales.

    Desde la órbita jurisprudencial, subraya los pronunciamientos en materia fiscal en los que se ha mantenido una interpretación “muy restrictiva” del requisito de selectividad. Por último, valora el pronunciamiento respecto un caso de interrelación entre normativa fiscal y ayudas de Estado (impuesto medioambiental a la aviación comercial en el aeropuerto El Prat), donde además de analizar la idoneidad de la medida con arreglo a los principios de regulación económica eficiente, se valoró el impacto de la medida desde el punto de vista de las ayudas de Estado.

    De igual modo, destaca la evaluación de las ayudas al despliegue de redes de banda ancha, con diferentes recomendaciones en materia de criterios, acceso al mercado y evaluaciones, así como la conveniencia de considerar las implicaciones en materia de ayudas públicas de diversas disposiciones normativas, en especial en el ámbito de la contratación pública.

  4. http://cadenaser.com/ser/2017/09/04/economia/1504505791_539660.html

    PARO REGISTRADO | AGOSTO 2017
    La afiliación a la Seguridad Social baja en 179.485 personas y convierte este agosto en el peor desde 2008

    RAFA BERNARDOMadrid 04/09/2017 – 09:08 h. CEST

    El paro ha subido en agosto en 46.400 personas y deja 3.382.324 desempleados en total. Pero el dato realmente malo es el de la afiliación a la Seguridad Social, que ha retrocedido en 179.485 personas, lo que convierte a éste en el peor agosto desde 2008. Con esta bajada, el total de cotizantes ocupados se sitúa en 18.309.844.

    El paro baja en 26.887 personas y los afiliados suben en 56.222 en julio

    El paro registrado baja en junio en 98.317 personas y deja la cifra total en 3.362.811

    El paro aumenta en 10 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (+17.094) y Cataluña (+10.072), mientras que baja en otras siete, sobre todo en Canarias (con 850 desempleados menos), Cantabria (-831) y Galicia (-746).

    Por sectores, el desplome del empleo ha sido generalizado, pero ha afectado sobre todo a la educación (-56.906 afiliados menos), a la industria manufacturera (-20.618) y a la construcción (-17.410).

    Lo paradójico es que la contratación ha aumentado en agosto respecto al año pasado: se han firmado 1.536.400, un 5,83% más que en agosto de 2016, y también se han firmado más contratos indefinidos: 115.382, un 9,75% más que hace un año; con todo, los indefinidos siguen siendo sólo un 7,5% del total de contratos.

    En cuanto a la protección social, aumenta ligeramente sobre el mismo mes del año pasado: en julio (estos datos llevan un mes de retraso) de 2017, un 58,8% de los desempleados registrados que han tenido antes trabajo contaban con prestación o subsidio, frente al 57,7% de julio de 2016.

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