LA HUELGA GENERAL DEL 20J

Miguel A. Montes

Junio 2002

“El señor Aznar nos ha perdido el respeto y es vital para el movimiento sindical volver a ganarlo”. Estas palabras de Fidalgo, ilustran la situación en la que nos encontramos, de agudización de la agenda neoliberal en detrimento de los intereses sociales de los trabajadores/as,  llevada a cabo por el actual gobierno del PP en sintonía con las anteriores políticas antiobreras de los gobiernos del PSOE.

La política laboral regresiva, se remonta a los anteriores decretazos del 92 (recorte de las prestaciones por desempleo) y la contrarreforma laboral del 94 (ETTs y contrato basura) que merecieron sendas huelgas generales, política que el actual gobierno ha retomado:

  • Incumpliendo el AIEE de 1.997 al no reducir progresivamente la temporalidad, estancándose en torno al 32%. Con lo que seguimos teniendo la tasa de rotatividad y de paro mas alta de la UE, un nivel altísimo de accidentes de trabajo dado la precariedad, a la cola en la cobertura de prestaciones por desempleo, encabezando el mercado laboral español el ranking en la UE de la precariedad laboral.
  • Decretando otra contrarreforma en marzo del 2001, que abarató el despido generalizando los 33 días por despido improcedente. Extendió el contrato de formación a colectivos de trabajadores (jóvenes, minusválidos, inmigrantes, parados de larga duración…), un contrato con menor salario, sin derecho a desempleo y sin apenas costes a la Seguridad Social. Amplió las rebajas de la cuota patronal a la seguridad social desviando un montante de 300.000 millones a los empresarios. Añadió otra causa de despido objetivo a los trabajadores de la administración pública. Y mantuvo los diversos contratos temporales y la subcontratación como norma, sin causalidad alguna.
  • Ley de acompañamiento de los PGE para el 2.002, donde el trabajador/a en situación de baja laboral (común o profesional), empezará a percibir la prestación por desempleo en el supuesto de extinguir su contrato de trabajo aún en situación de IT, lo que implica pérdida de renta y período de prestación.

A ello también hay que añadir la reforma fiscal regresiva del 99 y la recientemente aprobada, la política contraria a la enseñanza pública y de calidad, y la negativa a aplicar la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los empleados públicos.

Esta política reaccionaria y anti-social persigue fragmentar el mercado de trabajo entre los estables y los precarios, potenciar la enseñanza privada a cargo del erario público deteriorando la enseñanza pública, y apuntalar la recaudación fiscal regresiva que deriva el superávit de los gastos por desempleo, unos 2 billones de pts. en los últimos 5 años (1998-02), para la reducción de las cotizaciones de la patronal a la Seguridad Social, y para financiar el déficit cero de los PGE causado por la reforma fiscal favorable a las grandes fortunas; aplicando una política fiscal que libera y desgrava las rentas altas y del capital, mantiene la presión sobre las rentas salariales (mas del 80% de lo que se recauda) con impuestos indirectos ligados a la subida desmesurada de los precios de consumo básico, y  reduce la capacidad recaudatoria (7 puntos por debajo de la UE) y distributiva, limitando cada vez mas la inversión en mejoras de servicios públicos y protección social (sanidad, enseñanza, transportes, vivienda…).

Y por si no fuese suficiente, se añade el último decretazo sobre prestaciones por desempleo, en un país que se encuentra por detrás de Grecia en gasto social y a 6,8 puntos por debajo de la media de la UE, que en España se destina a protección social que ha caído del 24% del PIB en 1.993 al 21% actual. En un país donde el INEM sólo gestiona el 17% de los empleos, mientras el resto lo hacen agencias privadas de colocación (ETTs). En un país donde la tasa de paro está 5 puntos por encima de la media de la UE. En un país donde los salarios están por debajo de la media de la UE, sólo por delante de Grecia y Portugal. En un país, donde sólo el 57% del millón y medio de inscritos en el INEM tienen cobertura (según la EPA el nivel de protección solo alcanza al 37% de los parados reales) prestaciones de las que mas de la mitad son asistenciales, lo que supone 25 puntos por debajo del SMI (330 euros/mes, 55.000 pts, por debajo del umbral de la pobreza) mientras el 43% restante de trabajadores/as inscritos, no perciben prestación, por lo que es una falacia que la situación de desempleo desincentive la búsqueda de puesto de trabajo, e incluso los que perciben la prestación, éstas siempre son inferiores a los salarios que pueden percibirse estando empleados, y no agotan la prestación completa, según el INEM sólo una media de 4 meses, lo que supone un coste muy inferior al derecho generado.

Las medidas decretadas son claramente antipopulares:

a) Obliga a los parados con prestación a aceptar empleos basura, bajo cualquier circunstancia, salario, distante del domicilio en 2 horas o 30 km, y que pueda suponer hasta una inversión neta del 20% del salario percibido. Si se rechaza ofertas 3 veces consecutivas se sanciona desde la pérdida parcial hasta la pérdida total de la prestación.

b) Suprime los salarios de tramitación que el empresario está obligado a pagar en caso de despido improcedente hasta la sentencia firme, que corresponden al periodo de tiempo que el trabajador/a debió estar trabajando, perdiendo de esta manera cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo, aminorando su base de cálculo para las prestaciones. Este viejo objetivo de la patronal le ahorrará 81.000 millones de pts. anuales, y supone un incentivo del fraude para el despido. En los contratos indefinidos de corta duración por causa de despido, esta medida supondrá hasta un 40% de la indemnización total. Tampoco se puede olvidar que el despido improcedente en España, el empresario puede optar entre la readmisión y la indemnización, por lo que esta medida (supresión salarios tramitación) hace el despido aún mas libre y barato.

c) Excluye del derecho a la prestación a colectivos en situación de precariedad. Como los fijos discontinuos dedicados a actividades estacionales (administración pública, enseñanza, hostelería…), los contratos de inserción (anotar que en Alemania los contratos por formación y aprendizaje si tienen prestación), los inmigrantes, y de los 588.000 jornaleros andaluces y extremeños dados de alta en el Régimen Agrario (RASS) de los cuales apenas son el 40% perceptores del subsidio agrario (PER) el cual se dejará de percibir progresivamente en el futuro (000 pts./mes durante 6 meses por 35 peonadas), anotando que los gastos del PER son una sexta parte de las prestaciones que reciben los empresarios agrícolas (1 billón de pts en el 2.001), pero para el gobierno en este caso no hay fraude posible.

Esta política de sacar del derecho al desempleo cada vez a mas colectivos de trabajadores/as y dejarles sin cotización a la Seguridad Social, hace que centenares de miles de trabajadores/as trabajen sin derecho a las prestaciones sociales, aspecto claramente anti-constitucional.

d) Amplia la precariedad en la contratación a través del contrato de inserción, sin derecho a prestación por paro o jubilación, al extenderlo a la empresa privada, (limitado hasta ahora para empleo público) en parados de larga duración, inmigrantes y trabajadores sin titulación.

e) Recibir una indemnización por despido puede impedir cobrar prestación asistencial. Para tener derecho al subsidio asistencial se tendrán en cuenta las indemnizaciones por despido que cobre el trabajador/a así como otras rentas percibidas como intereses del capital mobiliario y vivienda de propiedad, de manera que muchos trabajadores despedidos de edad avanzada pueden verse sin la prestación. Para tamaño control se destinará a la Agencia Tributaria que en vez de combatir el fraude y la corrupción se dedicará a perseguir a los mas desfavorecidos.

f) Se suprime la posibilidad de capitalizar en pago único las prestaciones por desempleo a trabajadores/as que quieran formar cooperativas, SALES o establecerse como autónomos

g) Convierte un derecho conquistado en una limosna asistencial. La prestación por desempleo no es sino una parte del salario de la que hemos cotizado por él durante años. Ahora con el decreto, para su cobro será obligado firmar un compromiso de actividad, de estar disponible para aceptar cualquier trabajo al margen de su profesión, formación y problemática personal (problemas de vivienda, desplazamiento, familiares, etc).

h) Convierte al parado en sospechoso, vago, delincuente y parásito social y oculta el auténtico fraude. Se esconde que el gasto en prestaciones por desempleo ha caído del 3,48 del PIB en 1.993 al 1,28% y que genera un superávit de recaudación de 500.000 mill. pts. por año que se emplean no para cubrir al 43% de parados que no reciben prestación alguna, sino para reducir las cotizaciones patronales y financiar el déficit cero. Ocultan datos oficiales de escándalo, según el INEM el 48% de los contratos precarios son fraudulentos, dado que los empresarios obligan a firmar bajo la amenaza de despido, pero aquí el gobierno no emprende medidas, ni concreta ningún mecanismo sancionador. Mientras que el fraude sobre las prestaciones por desempleo alcanza la ridícula cifra del 3% de las Inspecciones realizadas, según el INEM.

i) Se quiere privatizar el servicio público de empleo. Se autoriza la participación de la iniciativa privada en la gestión del INEM. Es patente que dejar en manos privadas la gestión del empleo, generará mayor precariedad, abuso y estafa patronal.

j) Pone en peligro las prejubilaciones anticipadas que no sean por relevo, al hacer incompatible la indemnización por despido con la prestación por desempleo.

h) El objetivo de la contrarreforma no es combatir el desempleo sino abaratar los costes laborales. Todas las medidas van en la dirección de forzar a los trabajadores/as a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir, sean cuales sean las condiciones de trabajo y salariales. Aumentando la sobreexplotación abaratando el valor de la fuerza de trabajo, ampliando por esta medida los beneficios empresariales.

En definitiva, este decreto lo único que el gobierno consigue es que haya menos parados con derecho a la prestación, disminuir las cuantías y periodo de las prestaciones, suprimir la aportación del Estado al desempleo (anotar que en 1988 las aportaciones de los PGE suponían el 43,1% de los gastos del INEM, en el 2000 supuso el 2% y el año pasado el 0 patatero) y por el contrario aumentan las transferencias del superávit del gasto por desempleo a la patronal por reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y se financia el fraude fiscal, no reconociéndose esta prestación como parte del sistema de protección al excluirlo de la Seguridad Social vulnerando el artículo 41 de la Constitución. Mientras la economía y los beneficios empresariales crecen, y el INEM dispone de superávit desde 1998, la protección no sólo no se revisa, sino que el PP utiliza igual que en los períodos de crisis para recortar derechos tratando al parado como un defraudador en potencia, y no como a una persona a proteger e insertar, la cobertura por desempleo deja de ser un derecho por haber trabajado y cotizado previamente, cometiendo el PP con esta medida un delito anticonstitucional.

Motivos de sobra para combatir la política neoliberal y antisocial del PP con una huelga general, que restaure el respeto del movimiento sindical organizado y de clase, perdido por el actual gobierno del PP. Deberemos de aplicar las enseñanzas de las mejores experiencias, como la huelga general del 14 D de 1.988 que supuso una victoria porque se planteó contra el conjunto de la política-económica y social del gobierno, logrando una gran unidad que consiguió la retirada de la contrarreforma y la conquista de mejoras sociales. O la reciente huelga general en Italia que ha provocado la retirada de la contrarreforma del gobierno Berlusconi. Estos son los caminos a seguir, pero sin caer en simplismos, porque para que ello sea posible es necesario trabajar las condiciones de movilización hacia la huelga general, en la lucha de ideas contra el modelo neoliberal y antisocial del PP, en la explicación de lo que supone para los trabajadores/as la medida decretada por el PP, en asambleas sindicales, de trabajadores, en los barrios, en los centros de estudio, en los polígonos industriales, etc. Elementos de movilización que ayuden a que el 20 J sea una gran demostración de la clase obrera, con manifestaciones multitudinarias, un inicio en la lucha por la retirada del nuevo decretazo del PP.

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